Es una decisión judicial que disuelve el vínculo matrimonial y que implica la pérdida de los derechos sucesorios entre los cónyuges, la pérdida de la pensión de viudedad, así como de las obligaciones derivadas directamente del matrimonio. No afecta a las obligaciones de los cónyuges para con sus hijos e hijas, puesto que las mismas surgen de la relación de parentesco y no de la existencia de la unión matrimonial. Puede ser solicitada por ambos cónyuges o por uno de ellos y es necesario que hayan transcurrido, al menos, tres meses desde la celebración del matrimonio.