Nota de prensa de 28/07/2010
El gasto por habitante en servicios sociales creció un 14% en el año 2008 en la C.A. de Euskadi
El 15% de la población de 65 y más años fue atendida por los servicios sociales especializados
El gasto en servicios sociales en la C.A. de Euskadi alcanzó en 2008 la cifra de 1.861 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Dicho gasto representó un 2,7% del PIB vasco y un gasto medio por habitante de 860 euros, un 13,9% más que el año anterior, de los que 623 procedieron de fondos públicos.
Territorialmente, el incremento del gasto fue de un 17% en Álava, un 15% en Bizkaia y 13% en Gipuzkoa. En términos per cápita Álava, con una media por habitante de 995 euros, se mantiene a la cabeza, por encima de los 847 de Bizkaia y los 821 de Gipuzkoa.
El esfuerzo de las distintas administraciones públicas se cifró en 1.347 millones de euros, lo que representó el 72% del gasto, mientras que desde el sector privado se aportó el 28% restante. Uno de cada cuatro euros gastados se financió mediante las cuotas de usuarios y otras ventas. De este total, las personas mayores ingresadas en centros residenciales aportaron 200 millones de euros, cifra que representa el 46% del gasto corriente de estos centros.
El sector empleó de forma directa el 4,1% de las mujeres ocupadas
En 2008 en el conjunto de los servicios sociales se generaron 480 nuevos puestos de trabajo, empleándose de forma directa a 24.683 personas (el 2,6% de los ocupados), de las que el 70% fueron mujeres (el 4,1% de las mujeres ocupadas). Esta cifra no incluye al personal subcontratado, de ayuda a domicilio y de atención directa, cuyas horas de dedicación supusieron más de 5.000 empleos en dedicación plena. Además, la colaboración del personal voluntario, que trabaja desinteresadamente en los servicios sociales, fue de 18.958 personas en el año 2008 y representó un esfuerzo equivalente a 1.762 empleos en dedicación plena.
Entre la diversidad de los servicios sociales, los servicios destinados al conjunto de la población y a las personas mayores destacan como las áreas a las que se destina mayor cantidad de recursos, ya que entre las dos representaron el 68% del gasto.
Entre los recursos destinados al conjunto de la población destacan, por su cuantía y evolución, las transferencias a familias, concretamente los programas de Renta Básica (RB), con 203 millones de euros (+17%) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), con 45 millones (+9%). Estos dos programas representaron un gasto de 115 euros por habitante como media en la C.A. de Euskadi, siendo destacable su incidencia en Bizkaia, donde se alcanzaron los 158 euros por habitante, cuantía muy superior a los 94 euros de Álava y 53 de Gipuzkoa.
Los servicios sociales especializados atendieron a un 15% de la población de 65 y más años
La atención a las personas mayores en los servicios sociales se centra fundamentalmente en las prestaciones de los servicios residenciales, centros de día asistenciales, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.
En el año 2008 se contó con una oferta de 18.108 plazas residenciales, que alcanzó una cobertura de 4,4 plazas por cada 100 personas mayores de 65 y más años. La administración pública ofertó un 34% de estas plazas desde centros de titularidad pública y concertó un porcentaje similar (30%) con las instituciones privadas.
Respecto a los centros de día asistenciales, el número de plazas ascendió a 3.706 plazas (+7%). La administración pública ofertó directamente o mediante concierto con la red privada el 86% de estas plazas.
Desde el servicio de ayuda a domicilio (SAD) se atendió a 23.905 personas mayores en su propio hogar (5,8% de la población de 65 y más años).
Un total de 17.226 personas mayores dispusieron del servicio de teleasistencia en su hogar.
Respecto a 2007, se incrementó en un 11% el número de usuarios del SAD, mientras que las horas de atención crecieron a un ritmo inferior (+5%). Este servicio tuvo un gasto total de 85,8 millones de euros (11% más que el año anterior), lo que supuso un coste medio anual de 3.233 euros por usuario y fue financiado en su mayor parte por el sector público (91%).
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